El diputado del PP en la Asamblea de Madrid y exalcalde de Las Rozas Bonifacio de Santiago ha sido citado como imputado por prevaricación al no ejecutar una sentencia para que la Real Federación Española de Fútbol devolviera al ayuntamiento terrenos de la Ciudad del Fútbol.
En un auto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) admite a trámite la querella de la Fiscalía por presuntos delitos de desobediencia y prevaricación por las reiteradas decisiones que se adoptaron en las juntas locales para no ejecutar una resolución de este mismo tribunal de 2007 sobre la devolución de los citados terrenos.
Esa resolución del TSJM confirmaba una sentencia que obligaba a la Real Federación Española de Fútbol a devolver al Ayuntamiento de Las Rozas el espacio de casi 115.000 metros cuadrados que ocupa la actual sede de la Ciudad del Fútbol.
La magistrada instructora del caso, Susana Polo, llama a declarar a Bonifacio de Santiago el próximo 7 de mayo en calidad de imputado junto con los concejales de Innovación, Francisco Javier Espadas, y de Deportes, Antonio Garde.
Para el 8 de mayo están citados también como imputados el concejal de Hacienda, José Luis Álvarez de Francisco, y tres exediles del equipo de gobierno municipal, Isabel Grañeda Muñoz, Gema Matamoros Martínez y Juan Ramón Ruiz Fernández.
El TSJM ha adoptado estos acuerdos después de que el Juzgado número 1 de Majadahonda se inhibiera en favor de este tribunal al ser Bonifacio de Santiago miembro de la Asamblea de Madrid, informa el tribunal.
El citado Juzgado de Majadahonda había admitido en noviembre del año pasado a trámite la querella de la Fiscalía contra Bonifacio de Santiago y el resto de su equipo en dos juntas locales.
La RFEF tiene una autorización provisional
Estas juntas autorizaron por unanimidad conceder a la Real Federación Española de Fútbol una autorización provisional para emplear la finca conocida como la Ciudad del Fútbol, de titularidad municipal después de que varias sentencias dictadas a partir de 2004 anulasen el acuerdo de cesión de los terrenos a la RFEF.
El TSJM había ordenado en julio del año pasado al Ayuntamiento la ejecución de una sentencia de 2007 que confirmó la ilegalidad de la cesión de suelo público efectuada en 1998 a la RFEF.
A raíz del fallo de 2007 que hacía firme una sentencia anterior de 2004, en junio de 2008 el Ayuntamiento otorgó una concesión administrativa a la RFEF, que según expuso en julio el TSJM “pretende burlar lo ordenado en sentencia firme”.
Antes, en 2004, el Tribunal Supremo había anulado definitivamente la donación de la parcela y ordenado la devolución de la titularidad del suelo al Ayuntamiento.
La cesión del suelo fue aprobada por el Ejecutivo del entonces alcalde Bonifacio de Santiago en un pleno municipal celebrado en 1998, con los votos en contra del PSOE e IU.
Ambos partidos denunciaron entonces que la operación era contraria a la ley porque los terrenos estaban calificados en el Plan de Urbanismo como bienes demaniales -de dominio público-, lo cual impedía su donación a una entidad privada como es la RFEF, cuya actividad no está orientada al uso y servicio de los vecinos
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